Nos oponemos a las medidas que generan incertidumbre y dificultan el normal ejercicio del derecho de propiedad. Entre las principales problemáticas destacamos:
* Limitaciones injustas de rentas: La nueva regulación, como la Ley de la Vivienda estatal, desincentiva el alquiler y provoca la salida de viviendas del mercado, con una reducción alarmante del parque de alquiler disponible.
* Asignación de auxilio social a los propietarios: Las obligaciones que deberían recaer en las administraciones públicas, como el apoyo a personas vulnerables, se trasladan a los propietarios sin compensación alguna.
*Normas que penalizan a los propietarios: Alargamientos forzosos de contratos, suspensiones de desahucios y otras medidas arbitrarias crean un entorno de inseguridad jurídica que desincentiva la actividad económica de los arrendadores.
*Trato injusto a los pequeños propietarios: La equiparación de pequeñas empresas familiares con grandes tenedores, basada en el número de inmuebles y no en la capacidad económica, penaliza injustamente al pequeño y medio propietario.
* Desequilibrio de obligaciones en la LAU en perjuicio del propietario: La falta de protección de los derechos de los propietarios y la confusión entre función social y auxilio social a cargo de la administración han creado un marco desfavorable.
Estas medidas han llevado a una drástica reducción del mercado de alquileres (hasta un 40%), dificultando el acceso a la vivienda de muchas familias y provocando un encarecimiento generalizado de los precios.
